Del Municipio de Santo Domingo al Distrito Nacional

Cuando la parte Oriental de la Española se integró al Estado haitiano en el año 1822, esa región fue dividida en dos Departamentos: el Oriental, con su capital Santo Domingo, y el del Norte o Cibao, con su capital Santiago de los Caballeros.

Al proclamarse la Separación o Independencia de Haití para formar lo que hoy es la República Dominicana, el 27 de febrero del 1844, y elaborarse la primera Constitución, los Trinitarios proponían que para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos se constituyera un Poder Municipal, un Poder Legislativo, un Poder Judicial y un Poder Ejecutivo, sin importar el orden, como las bases del naciente Estado Dominicano.

Es decir, para los fundadores de la República el municipio constituía un poder del Estado.

Diversas disposiciones legales han regido a nuestros ayuntamientos a través de la historia. La primera legislación municipal dominicana fue la Ley No. 32 del 2 de mayo del 1845. En ella se delega la Administración Comunal de los Ayuntamientos y éstos ejercían el gobierno político y económico de las comunas.

Ese proceso culmina en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 12 de julio del 2007, promulgada el 17 del mismo mes y año y publicada en la Gaceta Oficial No.10426. Esta derogó en su totalidad todas las disposiciones anteriores relativas al quehacer municipal.

En nuestra Constitución no se consigna el municipio como un poder del Estado, sino como una división política administrativa, con un organismo de gobierno denominado Ayuntamiento, cuyas funciones y atribuciones el constituyente ha dejado abandonadas a que lo establezca el legislador.

Leyes muy importantes fueron las No. 3455 y 3456 del 21 de Diciembre de 1952, sobre Organización Municipal y del Distrito Nacional, que fueron modificadas en 1961 por la Ley No.5622. El hecho de que esa Ley haya permanecido vigente por más de 40 años puede entenderse como que eran legislaciones adecuadas al grado de desarrollo que vivía el país en su momento.

La citada ley No. 5622 trata sobre autonomía municipal. A partir de la misma, los ayuntamientos comenzaron a funcionar como verdaderos gobiernos locales sin que fuera necesaria la autorización del Presidente de la República o cualquier otro funcionario para realizar sus actividades, y así está consignado en los Artículos 1 y 2 de esta ley, que establece como normas inherentes a la autonomía municipal que los ayuntamientos no requerirán autorización del Presidente de la República para realizar actos de las funciones que también se establecen en la leyes 3455 y 3456.

No obstante, posteriormente se han dictado leyes que han cercenado la autonomía municipal, restringiéndole su capacidad de establecer arbitrios y tasas por servicios, así como el requerimiento, excepto para el Ayuntamiento del Distrito Nacional, de la aprobación de la Liga Municipal Dominicana para la ejecución de proyectos, presupuestos y demás actos inherentes a sus funciones.
La recién promulgada Ley 176-07, confiere amplia participación a la ciudadanía en la gestión del municipio y obliga a las autoridades de los ayuntamientos a ajustar sus actuaciones a las normas legales. Además le otorga derecho de participar en la formulación del presupuesto municipal y dar seguimiento al desarrollo de proyectos y obras a construir. También concede derechos y estimula al ciudadano a vigilar, denunciar y someter a la justicia a quienes no cumplan con sus deberes y funciones; promover su destitución si no reúnen las condiciones que exige la ley para ejercer el cargo de síndico o regidor, o porque hayan incurrido en causas de incompatibilidad.

El Ayuntamiento de Santo Domingo está considerado como una división política administrativa especial, en su calidad de Capital de la República. Es un organismo de gobierno integrado en la actualidad por 37 regidores, que constituyen el Concejo Municipal, que es el cuerpo legislativo y de fiscalización; por el Síndico/a y el Vice síndico/a. El Síndico o Alcalde es el ejecutivo del gobierno local.